Somos de memoria corta y justicia lenta. Si cuando alguien empieza a cumplir la condena que se le ha impuesto repasáramos los meses anteriores, veríamos que la pena o se ha incrementado con un escarnio público digno de estudiar en universidades de variadas disciplinas, o se ha retrasado el ingreso en prisión a conveniencia del convicto. Hay que dar garantías al reo, que recurra todo lo posible y más; pero si se eterniza la entrada en la cárcel, se estarán consiguiendo efectos perversos, para bien o para mal. No sé si, por ejemplo, Isabel Pantoja habrá salido beneficiada de su retraso en visitar el presidio, sí intuyo que a Jaume Matas le ha salido algo mejor. En cualquier caso, ¿se pueden mantener las garantías del condenado sin provocar unos debates sociales tan alargados?
Ejemplo distinto, pero ejemplo también, es el de los expresidentes de Andalucía. La instrucción de la jueza Alaya (eterna, como casi todas las que se hacen sobre corrupción política en este país) amenazaba con mantenernos sine die con la duda de si consintieron el trinque. Llevábamos meses con el asunto, de mucho nivel político por los puestos que han ocupado tanto Chaves como Griñán. Afortunadamente, el caso ha llegado al Supremo, y ellos, junto con otros presuntos, para intentar demostrar que no temen la acción de la Justicia, acudirán a declarar de forma voluntaria. No es garantía de inocencia, por supuesto, pero sí de tener prisa en aclarar el tema, y eso es de agradecer.
En un país con demasiados casos abiertos de corrupción, todos, especialmente los jueces, deberíamos hacer algo para separar el trigo de la paja y saber en un plazo razonable lo que tiene que alarmarnos y lo que son disparos de salva. Prorrogar las prisiones preventivas es una medida extraordinaria. Eternizar la entrada en prisión, tres cuartos de lo mismo. Y acelerar la salida, una vergüenza.
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Separar el grano de la paja
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