Miguel Tercedor Moreno, abogado de profesión, se presentó la mañana del 10 de noviembre de 2009 en las dependencias de la Agencia Tributaria en la calle Marcelo Spínola de Madrid. Allí, con la documentación bajo el brazo, cantó. Dijo que hace un tiempo estaba arruinado. Que le iban a quitar la casa. Y que con la deuda y el agua al cuello, empezó a girar facturas falsas a varias empresas de Madrid. Un carrusel de IVA –así lo llaman los expertos– que se convirtió en una estafa millonaria. Tercedor dijo también que tenía miedo ya que sus socios –quienes se beneficiaron del fraude– intentaron callarle la boca por las malas. “Contratar a un rumano o a un sicario colombiano cuesta 1.000 euros”, le advirtieron. También por las buenas. Uno de sus socios le prometió 600.000 euros si se comía el problema con Hacienda y dejaba al margen al resto. En su declaración del sumario de la operación Púnica, solo figura el nombre de pila del donante: David. Pero en los contratos que aportó, también falseados, aparece el nombre completo de quien querría comprar su silencio: David Marjaliza Villaseñor, el principal imputado junto al exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y exsenador Francisco Granados, en la operación Púnica.
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