José Pérez, de 27 años, fue condenado a realizar trabajos en beneficio de la comunidad en 2010 por robar una moto y dos bicicletas en su pueblo, La Eliana, a veinte kilómetros de Valencia. Cuando Instituciones Penitenciarias le comunicó el centro en el que tendría que cumplir su pena, la Fundación Vecinal Vicente Blasco Ibáñez, una entidad con fines sociales, sin ánimo de lucro y con sede en el municipio de Loriguilla, el joven aún no sospechaba que acababa de caer encima una doble condena.
Pérez esperaba trabajar como barrendero, peón o auxiliar de mantenimiento en algún organismo público, como establecía su convenio, pero terminó haciendo de transportista y electricista para amigos de su jefe en la fundación. Es una de las víctimas de una red dedicada a traficar con condenados para que trabajaran gratis al servicio de empresarios y cargos públicos valencianos en condiciones de explotación, que acaba de ser desmantelada por la Guardia Civil en el marco de la operación Trasso.