Rajoy reconoció que le dolió “más que el puñetazo” propinado dos meses antes por un joven en Pontevedra. Ser declarado persona non grata en la ciudad en la que comenzó su carrera política le nubló hasta la dialéctica y el presidente en funciones terminó diciendo aquello de “somos sentimientos y tenemos seres humanos”. Puede doler, molestar, humillar..., quién sabe –para eso somos sentimientos–, pero la declaración administrativa de persona non grata no significa nada más allá que una muestra de enfado. Distinto es si la mención gubernamental recae en un miembro del cuerpo diplomático de otro país –caso en que el non grato será expulsado inmediatamente– o si un gobierno otorga el citado título a un ciudadano extranjero, porque éste no podrá pisar el territorio de aquél.
En cuanto a si esa acreditación atenta al honor, el Tribunal Constitucional estima que no. En su sentencia 185/1989 de 13 de noviembre, precisa que la declaración de persona non grata “constituye una apreciación subjetiva que, como sostiene la sentencia del Tribunal Supremo, no significa por sí misma la atribución de cualidades desmerecedoras del aprecio o estima públicos”. “Se trata –continúa la Sala Segunda del alto Tribunal– de un modo de expresar el desagrado por una decisión y no puede otorgársele más relevancia que la de expresión de una crítica en el marco de una polémica”.
Acabar con los espías
La figura de persona non grata, creada en la Italia del siglo XIV por las ciudades-Estado, está recogida en la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas. Su artículo 9.1 precisa que el Estado receptor del personal diplomático puede, “en cualquier momento y sin explicar su decisión”, declarar persona non grata y el Estado acreditante está obligado a “retirar a esa persona o poner fin a sus funciones”. Así acabaron en el medievo, con espías extranjeros y métodos violentos, para deshacerse de quienes no ofrecían la confianza suficiente.
Volviendo a Rajoy y al motivo del repudio pontevedrés, aparece la prórroga de 50 años de actividad que su Ejecutivo otorgó, sin contrapartidas, a la papelera Ence, levantada en 1958 junto a uno de los bancos de marisco más ricos de la ría de Pontevedra. La actual corporación municipal y los grupos ecologistas denunciaron la contaminación que provoca esta fábrica de celulosa que cuenta con tres excargos populares en su consejo de administración, pero el Gobierno central añadió una década más de actividad a la fábrica (60 años en total) si invertía 60 millones de euros. La papelera se comprometió a destinar 61 millones para paliar los daños medioambientales y se hizo con las seis décadas de prórroga. Acto seguido, el Ayuntamiento de Pontevedra convirtió a Rajoy en la primera persona non grata de la ciudad.