Un número de teléfono habilitado las 24 horas permite a los familiares de los miembros de la Asociación Nacional de Donantes de Cuerpo a la Ciencia comunicar el fallecimiento de su ser querido. A partir de ahí, se inician los trámites para el traslado del cadáver a la facultad de Medicina más cercana, o a la que pueda hacerse cargo de este. Así funciona, en teoría, esta entidad sin ánimo de lucro registrada en 2010 en el Ministerio del Interior.
Pero ese mismo número de teléfono, y otro más, según se comprueba en distintos buscadores de internet, remite también a la empresa valenciana Scientific Anatomy Center, dedicada a organizar cursos de investigación médica con piezas cadavéricas y cuyo gerente es Manuel Rubio Gil, el presidente de la asociación. Basta consultar el certificado de inscripción del Registro Nacional de Asociaciones y contrastarlo con el Registro Mercantil para comprobar que toda la junta directiva de esta entidad no lucrativa tiene o ha tenido algún cargo en esta empresa privada.
“Puede que haya algún fallo en la información de los teléfonos facilitada en internet, todo es mejorable, pero niego rotundamente que la empresa se beneficie en nada de la asociación, que se limita a facilitar los trámites para los donantes cuando, por ejemplo, la universidad más cercana no puede admitir más cuerpos”, afirma Rubio en el local de su empresa, sito en San Antonio de Benagéber (Valencia).
No lo entiende así el ingeniero Juan José Alba, profesor de la Universidad de Zaragoza, que ha remitido un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que solicita “una investigación profunda de las circunstancias en que se realiza la donación de cuerpos a la ciencia en España”. Y en concreto, la falta de constancia “de la condición de donante” de algunos cadáveres, habida cuenta de las irregularidades detectadas en la custodia de siete cuerpos de donantes con los que se hicieron ensayos en 2014 en la Universidad de Zaragoza (Unizar), tres de los cuales fueron aportados por la empresa dirigida por Manuel Rubio. Los otros cuatro procedían de la Facultad de Medicina de Albacete, gracias a un convenio entre las universidades de Castilla-La Mancha y la aragonesa. Un juzgado de Albacete está investigando la falsificación de firmas cometida en la documentación de los donantes (ver recuadro en página 13).
En un apartado de la denuncia a la fiscalía, a la que ha tenido acceso interviú, se evidencia “la existencia de una asociación altruista nacional cuyo objetivo es promover y facilitar la donación de cuerpos a la ciencia y, por otro lado, la existencia de una empresa muy activa en el sector del equipamiento y la formación quirúrgica, ocurriendo que ambas entidades tienen detrás a las mismas personas”. | Sigue leyendo.