La pastelería Escribá es famosa en Barcelona por su modernidad y audacia. En sus establecimientos de la Gran Vía y la Rambla, entre una novísima repostería, hay divertidos bombones. Su última ocurrencia, unas chocolatinas en honor del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero Álvarez. Una le retrata de superhéroe, con escudo cuatribarrado en el pecho y una senyera como capa. Otra reproduce en chocolate blanco su foto y sus frases “Bueno, pues molt bé, pues adiós”, con que despidió a un periodista protestón. Es un eslogan ya famoso entre los independentistas, pues lo mismo que dijo el mayor al periodista sirve, en código indepe, para decírselo a España. La idea ha tenido éxito: el martes 12, esta revista se llevaba, a tres euros cincuenta la chocolatina, los últimos superhéroes que quedaban en Barcelona.
Trapero, el mosso con Tarjeta de Identificación Profesional 1899, es hoy el policía más conocido de España. Por sus ruedas de prensa informando sobre los atentados yihadistas del 17-A; por sus insultos a El Periódico de Catalunya y su director cuando publicaron información que no le gustó; y, ahora, por las expectativas levantadas en torno a él ante el 1-O.
Cuando, el día 12, Trapero recogió en la Fiscalía Superior de Cataluña la orden de retirada de urnas el 1 de octubre y la difundió entre sus subordinados, hubo silencio en su claque, pero más de complicidad que de decepción. “No conviene desvelar los pasos a seguir”, explicaba a su público de Twitter el agente Albert Donaire, líder de Mossos per la Independència (MxI).
gol en el minuto 90
En un comunicado interno, Trapero ha transmitido la instrucción 2/2017 de Fiscalía; un acto administrativo impecable. Pero mandos intermedios de los mossos se fijan en la decisión recogida en el último párrafo del comunicado: todas las diligencias policiales del 1 de octubre las centralizará la Comisaría General de Información de los Mossos… “que supervisa directamente el director general”, señalan estas fuentes. Para ellas, la figura de Pere Soler, el independentista radical que sucedió al dimitido Albert Batlle en julio pasado y se estrenó opinando que la Constitución no es la referencia legal suprema en España, está en entredicho. Diversos sectores de los mossos consultados para este reportaje subrayan lo extraño de su ausencia, su tardía activación en la crisis terrorista del 17-A y que permanezca mediáticamente desaparecido. Estas fuentes se temen que Soler reaparecerá de forma muy ejecutiva el domingo del referéndum, en un quiebro de última hora para eludir a los jueces y no retirar urnas, “un gol en el minuto noventa”.
Mientras, los subordinados de Soler y Trapero barajan escenarios. “El 1 de octubre iremos a trabajar como cualquier día, y cumpliremos las órdenes y la ley, como siempre. No nos toca interpretar la ley. Es un juez quien interpreta qué es legal, y eso va a misa. Cualquier conflicto legal será responsabilidad de los jefes. Pedimos a los políticos que dejen de instrumentalizarnos”, argumenta Toni Castejón, secretario general del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME). Castejón augura que a los mossos no les será posible actuar el 1 de octubre en según qué casos. “La actuación policial ante un desorden no puede generar más desorden que el que ya esté generado. Rige el principio –recogido en su ley de Policía– de congruencia, oportunidad y proporcionalidad”.
En caso de no poder retirar una urna porque haya mucho público alrededor, por ejemplo, un binomio de mossos solo podrá tomar nota y redactar un informe, “como mucho, grabar un vídeo”, dice un veterano de la policía catalana.
Personalmente, a Josep Miquel Milagros, vicepresidente del sindicato de mossos USPAC, no le gusta la prohibición: “Creo que dejar votar no es ningún delito, ni creo que tampoco sea tan grave”. De cara al 1 de octubre, prevé: “Somos un cuerpo jerárquico, y como tal cumplimos las órdenes que nos da la jefatura del Cuerpo. Si alguien incumple un mandato judicial serán el mayor Trapero, el director general o el conseller, no nosotros”.
En declaraciones a interviú, en los días previos a la consulta del 9N de 2014, David Miquel, portavoz del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) sentenció: “Como policía, mi dios no es un político; mi dios es un juez”. Hoy piensa “exactamente lo mismo”, aclara. Consciente del clima de incertidumbre que rodea al proceso, su sindicato ha activado a dos bufetes de Barcelona que trabajarán el domingo 1 de octubre para sus afiliados. Al fin y al cabo, uno de los temores fundados en el cuerpo es el de una cascada de inhabilitaciones a funcionarios tras el 1-O. Aunque para Miquel el panorama está claro: “Las dos leyes que se aprobaron en el Parlament han sido paralizadas por el Constitucional. Aquí sigue vigente la ley 10/94 de Policía de la Generalitat, el Estatut de Cataluña y la Constitución”. Por eso, cuando se le comentan los llamamientos de los mossos independentistas, Miquel dice: “Allá cada cual. Las responsabilidades son individuales. Aquí cada agente es mayorcito”. | Sigue leyendo.