
EL PSOE es partidario de limitar las competencias fiscales de las autonomías, de que tributen “justamente” las Sicav, de eliminar bonificaciones en el Impuesto de Sociedades o el IRPF y de gravar la contaminación. Son algunas de las propuestas que va a debatir esta semana en un foro sobre fiscalidad y gasto público en Extremadura, como uno de los actos previos a la conferencia política que Alfredo Pérez Rubalcaba (en la foto) quiere celebrar en otoño.
En una propuesta de Reforma de la Administración Pública contenida en el documento previo de estas jornadas, el PSOE aboga por una “evaluación continua de los trabajadores públicos” para “impulsar la productividad” y “reflexionar sobre los mecanismos más adecuados para incentivar a los empleados que más se involucran y obtienen los mejores resultados en el desempeño de sus funciones”.
Una de las apuestas que serán más controvertidas es “poner límite a la competencia fiscal a la baja de las comunidades autónomas, ya que algunas han vaciado impuestos como el de sucesiones y donaciones, a la vez que debilitan los servicios públicos”. El documento cree que “la recaudación global en España es baja, muy baja en relación a los países que nos gustaría tener como modelo”. Apunta como datos que estamos casi ocho puntos por debajo de la media europea en presión fiscal y que “el 90 por ciento lo soportan las rentas del trabajo medias y bajas”.
Los socialistas proponen un modelo de gravamen integrado de la renta y el patrimonio, para que se tribute independientemente de que la inversión esté en instrumentos financieros o en sociedades como las Sicav. Son partidarios, además, de eliminar la mayoría de las deducciones del Impuesto de Sociedades, partiendo de un mínimo; revisar las deducciones fiscales en el IRPF; “desarrollar una imposición que favorezca la lucha contra el cambio climático” e “introducir un impuesto específico sobre las entidades financieras”, para que asuman “su responsabilidad en la resolución del problema de los desahucios y las preferentes”. Además, en la conferencia defenderán “endurecer las sanciones contra el fraude”.