La ley de Propiedad Intelectual que ha presentado el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle (en la foto), está siendo acusada por sus críticos de matar moscas a cañonazos con tal de cerrar un puñado de webs de enlaces de descargas, y de perseguir también a los proveedores de servicios: pasarelas de pago, operadoras de telecomunicaciones y empresas de publicidad. Pero de nada le sirve a Lassalle este desgaste, pues no podrá parar la inclusión de España, otra vez, entre los paraísos de la piratería digital. Lo aseguran fuentes de la industria cultural estadounidense, que no quiere promesas, sino resultados, y se los exige a un país que se ha convertido, según diversos exsecretarios consultados, en una experiencia piloto. Lo que más temen los altos cargos que han tenido que lidiar con esa presión es la inclusión de España en la Lista 301, de países con más piratería, que publica cada final de abril la Oficina de Comercio de EE UU, y elaboran lobbies sectoriales, entre ellos la Motion Picture Association of America, cuyo presidente se entrevistó hace dos meses con Mariano Rajoy para pedirle mano dura.
La misma inquietud que sentía Zapatero padece ahora su sucesor, que, pese a haber ordenado a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría satisfacer a los lobbies y al Gobierno de Obama, verá a España este mes en la Lista 301. Lo aseguran fuentes de la industria cultural americana, que explican que la buena voluntad que mostraron sacando a España de la lista cuando Rajoy ganó las elecciones no ha servido para cerrar la veintena de webs que demandaban, así que, mientras no haya resultados tangibles, el castigo se mantendrá.