“Es un penoso espectáculo: un Ayuntamiento riñendo con unos ancianos”, dice Matías Alonso, secretario de Memoria Histórica del PSPV-PSOE y coordinador del valenciano Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH). Su lamento resume la situación en la que se encuentra el caso de Teófilo Alcorisa, quizá el pleito de Memoria Histórica más enquistado de cuantos se libran en España. Después de una larga pelea administrativa, en febrero y a regañadientes el Ayuntamiento de Valencia dio permiso para exhumar, pero después ha ido colocando piedras en el camino, hasta hacer hasta ahora inviable la excavación.
Y eso pese a que por este asunto se ha interesado específicamente el Comité para las Desapariciones Forzadas de la ONU –como en su día contó interviú (La ONU sí escucha a las víctimas del franquismo)–, que ordena al Estado Español que ayude a las familias que buscan a desaparecidos del franquismo. También ha tomado parte en este asunto el bufete del ex juez Baltasar Garzón.
De la historia de la familia Alcorisa informó esta revista en noviembre de 2011 (Valencia: víctimas de la guerra y la posguerra bajo jardines del cementerio) relatando cómo el vecino de Valencia Pedro Alcorisa se ha pasado 60 años de su vida sin saber del paradero de su padre, Teófilo Román Alcorisa. A Teófilo, agricultor, La Guardia Civil se lo llevó en 1947, cuando cultivaba su huerto, para interrogarle por el paradero de su hijo Pedro, que por entonces andaba con el maquis.
Las investigaciones del GRMH dieron con su paradero en un archivo del cementerio municipal de Valencia, en el que yacen miles de víctimas de la guerra civil, de la represión en retaguardia y de la revancha de los franquistas que tomaron la ciudad. Con cuidada caligrafía, el enterrador había anotado junto al nombre de Teófilo Alcorisa una eufemística causa de muerte: “Asfixia por suspensión”. O sea, lo habían ahorcado.
Téofilo yace en el cementerio de Valencia bajo un terreno sin lápida, un triángulo de tierra al que, como tiene un poco de césped, el consistorio de Rita Barberá considera “jardín público”. Con ese argumento durante un lustro le han estado negando permiso a Pedro para excavar y recuperar los huesos de su padre para poder llevarlos a un nicho digno, con lápida, nombre y apellidos, en el que también reposa su madre. Pedro no tiene mucho tiempo que perder. Ya es nonagenario.
El pasado 28 de febrero, después de que la ONU se interesara por el asunto, el consistorio acordó conceder el permiso, pero el 23 de mayo pasado la junta de Gobierno cambió las condiciones con un rosario de nuevas exigencias: renovada documentación y normas de seguridad tales que han disparado el coste del proyecto de 20.000 euros a 40.000, “como si, en vez de una simple fosa, fuéramos a excavar un parking subterráneo”, dice Alonso. Y todo a cuenta de la familia, Pedro y su hermana Pilar, dos ancianos que solo tienen su pensión. Los dos contaron con una subvención estatal para la exhumación, pero tanta dilación burocrática en Valencia les llevó a agotar el plazo del proyecto y a tener que devolver el dinero. Además, el Ayuntamiento de Valencia ha cambiado de criterio: ahora ya no es una excavación forense, sino de tipo arqueológico, por lo que han de pedir permiso a la Consejería de Cultura y Patrimonio. “Como si lo que buscáramos, en vez de un español asesinado, fuese un fósil”, dice Matías Alonso.
De todo esto fue informada la pasada semana Emilia Caballero, la Síndica de Greuges (defensora del pueblo en Valencia), que recibió a los Alcorisa en su despacho de la calle Pascual Blasco de Alicante. Cuando Caballero empezó a escuchar el relato de los hermanos que buscan a su padre, Pilar, la pequeña, ya octogenaria, se echó a llorar. Era la segunda vez que lloraba. La primera fue cuando, en febrero, ante el pleno del Ayuntamiento de Valencia, tuvo que leer un comunicado. Está tan poco acostumbrada a que los peces gordos la escuchen que, cuando alguno lo hace, no puede reprimir las lágrimas.