“Estoy asfixiado. Esto me está comiendo por los pies. Es una injusticia”. La angustia que atenaza a Félix Soto, guardia civil retirado, tras conocer que se cierra la Unidad del Dolor de una clínica murciana a donde acudía desde hace años para recibir medicación, es la misma que comparten otros mutualistas.
Funcionarios, policías, profesores, militares, carteros o guardia civiles con graves enfermedades que, como Soto, se quejan de que, tras los recortes los recortes del Gobierno en el presupuesto de Muface e Isfas -las mutualidades que dan cobertura sanitaria a dos millones de funcionarios- las aseguradoras les están poniendo todo tipo de trabas para continuar con sus tratamientos o acceder a pruebas médicas en hospitales o clínicas que, de golpe y porrazo, han quedado fuera de sus cuadros médicos.
Las quejas se suceden. Los enfermos están preocupados. “Les está provocando mucha ansiedad, mucho estrés”, dicen desde el CSI-F, uno de los sindicatos que ha presentado más reclamaciones de pacientes. Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que se han buscado soluciones para todos los casos. “Los hemos atendido uno por uno y de forma personalizada”, indican al tiempo. Hacienda advierte, además, que los centros sanitarios tienen la “obligación absoluta” de dar continuidad asistencial a los enfermos.
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