Casi 300 euros. Es lo que reclama el madrileño hospital Ramón y Cajal a la argentina Jessica Alejandra Klachko, casi diez años en España y, todavía, sin permiso de residencia, por las tres consultas derivadas de su atención en Urgencias. El hospital se acoge a la normativa. Y, según el Real Decreto Ley 16/2012 -impulsado por la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato- Jessica, sin tarjeta sanitaria, no tiene derecho a esa atención.
La argentina forma parte de ese contingente de casi 750.000 inmigrantes en situación irregular que, con la publicación de la normativa, solo tienen derecho a ser atendidos si son menores, mujeres embarazadas o entran en el sistema por Urgencias.
Tres años después del decretazo, organizaciones como Médicos del Mundo han documentado más de 2.000 casos de exclusión sanitaria, de pacientes a los que no se les atiende si no presentan un compromiso de pago o se les factura que les vea un médico, incluso en Urgencias. Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón o Valencia, aseguran, son algunas de las comunidades donde se han registrado más problemas.
Las organizaciones están expectantes ante el anuncio del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de que está “muy avanzado” el acuerdo con las comunidades autónomas para que este colectivo vuelva a ser atendido en Primaria. Jessica tiene su propia visión: “Es una medida preelectoral. Engañosa. De estafa social. Plantea algo que nunca se va a concretar”, afirma.
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