Bartolomé Peñalver calcula que ha matado “entre cincuenta y sesenta arruís” a lo largo de su vida de cazador. La mayoría de ellos machos, con esa imponente cornamenta curva que desde hace 56 años es la marca cinegética por excelencia de Sierra Espuña (Murcia), en cuyo parque regional se encuentra una reserva de caza de estos animales única en toda Europa.
Tanto Bartolomé como sus 120 compañeros de la Sociedad de Cazadores Santa Eulalia, de la localidad murciana de Totana, se temen lo peor: “Esto es el fin. Entre la mala gestión histórica de la Administración y la sentencia del Supremo, van a acabar con la caza en Murcia”. Lo corrobora su presidente, Luciano Cánovas: “Si erradican al arruí, se van al carajo la mayoría de las 120 sociedades de cazadores murcianas. Y con ellas, el turismo cinegético que viene de toda Europa y América, así como sus beneficiarios, desde los hosteleros de la zona hasta los taxidermistas”.
Solo en Murcia hay cerca de nueve mil cazadores federados y unas quince mil licencias de caza. El presidente de la federación murciana de caza, José Antonio Moreno, calcula que “si se ejecuta la sentencia del Supremo, se perderá un recurso económico de la zona que genera más de tres millones de euros anuales”.
El arruí, también conocido como muflón del Atlas o carnero de Berbería, es una cabra salvaje procedente del Norte de África que fue introducido legalmente en Sierra Espuña en 1970 para incrementar la diversidad de especies cinegéticas en España. Trajeron 13 machos y 16 hembras de los zoológicos de Casablanca (Marruecos) y Fráncfort (Alemania). En 1973 se creó la reserva de caza. La población actual de arruís es de más de dos mil individuos. No solo en Sierra Espuña, sino en otras zonas de Murcia, de Alicante y de Almería, por donde se ha expandido el animal.
El pasado 13 de marzo, el Tribunal Supremo dictaminó la inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras de la población murciana del arruí, la carpa común, la trucha arcoíris y el cangrejo rojo, entre otras. La sentencia acepta parcialmente el recurso presentado por Ecologistas en Acción al Real Decreto 630/2013, que dejaba fuera del catálogo a estas especies. Asimismo, el auto declara nulas varias disposiciones adicionales que posibilitaban actividades de aprovechamiento cinegético o piscícola de las especies catalogadas.
Esto significa que hay que erradicarlas, lo que ha soliviantado a entidades como la Federación Española de Pesca y Casting –que ya ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, previo a un recurso ante el Constitucional–, a la de caza, a numerosos piscicultores y a pueblos enteros como el de Isla Mayor (Sevilla), donde cientos de familias viven de la pesca y transformación del cangrejo rojo.
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