La orden fue clara y llegó a la veintena de trabajadores de Global Food, la empresa que gestiona la restauración del madrileño Complejo Cuzco –que alberga la sede del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad–, a mediados de julio. Si querían cobrar, tanto empleados como proveedores, debían coger el dinero que encontraran en la caja: unos 2.500 euros diarios de los 550 menús (a 5,20 euros) que se sirven a los funcionarios en el autoservicio, más lo que se factura en la cafetería entre las 9 y las 12 horas. La firmaba Jorge Vega Domínguez, administrador único de Global Food Management, compañía que en los últimos años se ha llevado numerosas concesiones de diferentes administraciones públicas –centrales o locales– para hacerse cargo del cáterin de todo tipo de organismos, entre ellos algunos militares.
Desde el comedor del Ministerio de Economía, pasando por el del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta –unos 700 menús diarios–, la cafetería de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, la residencia de tiempo libre de Siles (Jaén), dependiente de la Junta de Andalucía; la de la Escuela de Enfermería de Granada o, en Málaga, la cafetería de la Facultad de Telecomunicaciones, la de la Comisaría Provincial o el albergue donde, a diario, se sirven 150 menús a personas sin hogar. Un centro, explican fuentes municipales, donde hubo días en los que los comensales no tenían apenas alimentos: en diferentes puntos los proveedores se negaban a servir por los impagos de la empresa, y los trabajadores se veían obligados a acudir a un supermercado cercano para adquirir productos tan básicos como lentejas.
En Ceuta (donde la Subsecretaría de Inmigración, dependiente del Ministerio de Empleo, adjudicó el contrato del CETI a Global Food por cerca de 1,2 millones de euros) el pufo a los comerciantes locales –desde pescaderos a panaderos, pasando por fruteros– alcanza los 400.000 euros, indican fuentes de UGT. A día de hoy, los proveedores siguen sin cobrar. | Sigue leyendo.