De muy pequeño he vivido el tema ferroviario (…) con trenes eléctricos, durmiendo debajo de ellos porque mi padre, que era ingeniero industrial, montaba maquetas (…). Había un tren que arrancaba en el hall, iba por todo el pasillo y llegaba al salón, hasta que mi madre se cansó y lo metieron en el cuarto de los hermanos”. Esta fue la primera respuesta del matemático e ingeniero de Caminos Enrique Castillo Ron cuando el juez Andrés Lago le preguntó por su experiencia en el mundo del ferrocarril antes del día del descarrilamiento del tren Alvia 04155, que causó 81 muertos y 144 heridos. Castillo Ron actuaba en calidad de perito, tras realizar un trabajo de apoyo sobre la peligrosidad y probabilidades de riesgo en el tramo de la curva de Angrois que le había sido encargado a su vez por el perito Juan Carlos Carballeira, ingeniero de caminos. “En el campo ferroviario, en realidad, cuando me he empezado a preocupar ha sido justo el día del accidente”, añadió Castillo Ron a preguntas de un letrado de las víctimas el pasado 18 de octubre.
“Mi padre fue el responsable de instalar en España el Control de Tráfico Centralizado (CTC) de los ferrocarriles –dice Castillo a interviú–. Las maquetas no eran juguetes. Eran casi un simulador y aprendí muchísimo. Los maquinistas también aprenden con simuladores. En lo que respecta al análisis de riesgos, es fundamental que haya un trabajo de grupo. Mi aportación ha sido analizar la metodología, que es en lo que tengo experiencia” (ver recuadro).
La designación de los peritos judiciales del caso Alvia corrió a cargo de la Xunta, que tumbó la decisión del primer juez instructor del caso, Luis Aláez, de elegir por sorteo a tres expertos entre los propuestos por los colegios profesionales de Caminos, Industriales y Telecomunicaciones. El Gobierno gallego esgrimió una norma de 2012 que obliga a seleccionar a los peritos dentro de la Administración con prioridad sobre los profesionales ajenos, a fin de ahorrar en el pago de honorarios.
Así, la Xunta, gobernada por el PP, nombró en noviembre de 2013 como peritos judiciales a los funcionarios Juan Carlos Carballeira y a José Manuel Lamela, ingeniero industrial y jefe del servicio gallego de Energías Renovables. Al no poder contar con ningún experto en telecomunicaciones, este fue elegido por sorteo por el juzgado, siendo nombrado el ingeniero César Mariñas, que es él único al que las víctimas consideran independiente.
Lamela y Carballeira fueron recusados, sin éxito, por la representación legal de las víctimas. Estas siempre han considerado a ambos técnicos carentes “de la suficiente experiencia en el mundo ferroviario previa al día del accidente”, aparte de dudar de “su imparcialidad de los organismos involucrados en el presente caso”, tal como se lee en un escrito dirigido por Manuel Alonso, abogado de la Plataforma de Víctimas del Alvia, al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela y fechado el 29 de noviembre de 2016. En concreto, de Carballeira se lee que “tuvo que solicitar ayuda del señor Castillo para evaluar su informe, pues él manifestó que no tenía la suficiente experiencia”. Según declara Carballeira a interviú, “solo había doce personas capacitadas en España para hacer ese trabajo. Tenían que provenir de la universidad y no estar vinculadas ni a Adif ni a Renfe. Al final, tras varios descartes, Castillo Ron era el único que cumplía con todos los parámetros”.
En su primer informe pericial, de febrero de 2015 –existe un segundo dictamen, que presentó el pasado 27 de enero para discernir si era necesaria una evaluación integral del riesgos en la línea Ourense-Santiago—, Carballeira seguía las tesis de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que apuntaban al maquinista como único responsable de la tragedia, al haber tomado la fatídica curva de Angrois a 190 kilómetros por hora en vez de a 80. En este informe se basó el juez para cerrar la instrucción en octubre de 2015, dejando como investigado solo a Francisco José Garzón, el maquinista. La instrucción fue reabierta tras un auto de la Audiencia Provincial de A Coruña de mayo de 2016 en el que se pedían nuevos estudios sobre la evaluación de riesgos previa al accidente. | Sigue leyendo.