Fue un día muy especial. Un grupo de víctimas del robo de bebés llevaban esperando mucho tiempo la llegada a España de una delegación del Parlamento Europeo. Cuatro años atrás habían comenzado a acudir a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara –un servicio para los ciudadanos– con el fin de solicitar amparo ante el parlamento más grande del mundo, debido a que consideran que las denuncias por la sustracción de bebés en España entre 1940 y 1990 no se están investigando. “El Gobierno nos pone la zancadilla. Los casos están paralizados”, cuentan estas víctimas a interviú.
La misión del Parlamento Europeo, formada por nueve europarlamentarios, llegó a Madrid el 22 de mayo pasado. Ese primer día quizá hubiese sido más apropiado reunirse con las víctimas y los expertos en la materia, entre los que se encontraba esta redactora. Sin embargo, se entrevistaron con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que les transmitió la idea de que no existió una trama organizada para robar niños en España, sino que se trató de casos aislados. Pero no reveló si la fiscalía ha emprendido alguna investigación que avale semejante afirmación.
La eurodiputada italiana Eleonora Evi, del Movimiento Cinco Estrellas, preguntó a esta periodista si hubo o no trama delictiva. Eran necesarias muchas piezas –ginecólogo, matronas, funcionarios, notarios, abogados, sacerdotes– para que el engranaje funcionara con tal precisión que pudiera falsificarse la muerte de bebés en Madrid, por ejemplo, para entregarlos posteriormente a familias de Valencia.
En el Ministerio de Justicia, Carmen Troya, coordinadora del servicio de información a los afectados, explicó a los políticos que su oficina intenta facilitar la documentación a las víctimas que la solicitan; por ejemplo, los historiales clínicos, las partidas de nacimiento y defunción y los legajos de aborto; una información, por cierto, que no siempre aparece. No es el cometido de esta institución realizar una somera investigación de cada caso, por eso no resulta todo lo eficaz que cabría presuponer a un servicio de esta índole. Además, son muy pocos los afectados que acuden a esta oficina, debido a la desconfianza que genera, según han contado numerosas víctimas a esta revista.
Por su parte, la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Concepció Ferrer, transmitió a los europarlamentarios su preocupación por los graves hechos denunciados por los afectados.
Registros ocultos
Al día siguiente tocó el turno de los expertos y de las víctimas en la Oficina en España del Europarlamento. El abogado Enrique Vila, que también es afectado, pues es adoptado y busca sus orígenes, hizo una exposición certera sobre los problemas de acceso a los archivos eclesiásticos por parte de los adoptados. Las casas-cunas, las inclusas y las instituciones para madres solteras estaban regentadas por congregaciones religiosas, que en la actualidad niegan poseer los libros donde constan los nombres de las madres. “Primero dijeron que no nos iban a permitir el acceso a esos libros, y luego, simplemente niegan tenerlos. Así se quitan el problema”, dijo Vila.
Por parte de interviú, se hizo una exposición de las principales trabas a las que se están enfrentando los afectados para resolver sus casos: “Las principales fuentes de investigación para los denunciantes son los llamados libros-registro de las maternidades. La legislación española prohíbe a los centros sanitarios destruir esos libros, no así las historias clínicas, que se pueden desechar pasados cinco años. Aun así, algunos centros públicos y privados denunciados por el robo de bebés aseguran que no saben dónde están sus libros-registro. Ningún juez ha ordenado a la policía el registro de esos hospitales”.
Archivos vetados
En su intervención, esta periodista explicó que los archivos de los extintos Patronato de Protección de la Mujer y la Obra de Protección de Menores, recientemente descubiertos tras una investigación de esta revista, están vetados para los afectados y periodistas. Dichos archivos no son de acceso directo ni libre, por contener datos de carácter personal. Por lo tanto, no sirven para nada si no pueden verse íntegramente.
Una buena parte de los niños robados, dados por muertos al nacer, entraron en el mercado de las adopciones, y era precisamente el Patronato de Protección de la Mujer el que enviaba a las chicas embarazadas a la trama. Esos archivos contienen información valiosísima, que permitiría cruzar datos sobre los neonatos supuestamente muertos y los recién nacidos registrados simultáneamente en la Obra de Protección de Menores.
Las representantes de cuatro asociaciones de víctimas –SOS Bebés Robados Huelva y Euskadi, Alumbra y Avidna–, procedentes del País Vasco, Madrid y Andalucía, expusieron la situación de sus asociados, con denuncias archivadas a la espera de que los damnificados aporten nuevas evidencias a los juzgados. Cuatro víctimas contaron sus estremecedores casos, como Ruth Appleby, una ciudadana británica que denuncia el robo de su bebé en un hospital de A Coruña, en 1992.
Según ha podido saber interviú, a algunos de los europarlamentarios les sorprendió la disparidad de versiones entre las instituciones y las víctimas. “Para el Gobierno es como si no existiesen los casos de niños robados –dice la eurodiputada de IU Marina Albiol–. Pero las denuncias que nos han trasladado las víctimas pesan mucho. No debe seguir la impunidad procedente del franquismo. Si España no actúa, tendrá que hacerlo Europa. Es un problema de todos”.
La última entrevista que tuvieron los miembros de la delegación europea fue con la Conferencia Episcopal, cuyo secretario general, José María Gil Tamayo, explicó que los arzobispos tienen libertad para enseñar sus archivos a los afectados. Sin embargo, no lo hacen. “La Iglesia debería reconocer que participó en el robo de bebés, igual que ha reconocido que ha existido pederastia en su seno”, dice el eurodiputado de ERC Josep-Maria Terricabras. Sigue leyendo.