Da la impresión de que una mano poderosa ha abierto la puerta para que muchos casos de corrupción se esclarezcan en los tribunales. Que es, por cierto, donde se deben dirimir, y no en algunos medios de comunicación. En las últimas semanas se han producido notables avances en casos como Campeón, con el exministro de Fomento y diputado José Blanco como imputado, y que ha creado una nueva marejada en el seno del PSOE; o como el caso Bárcenas y la decisión del juez Ruz de investigar indicios que lo relacionan con Gürtel, y la del juez Bermúdez de llamar a declarar a diez empresarios, supuestos donantes del PP. En el caso Urdangarin, las actas de reuniones del Instituto Nóos dan respiro a la Casa Real porque demuestran que la infanta Cristina no participó en ellas. En fin, que el panorama nacional se nutre de un carrusel de casos de corrupción coincidentes en el tiempo, demostrándose la necesidad imperiosa de una Justicia con recursos para que actúe rápido, respetando todas las garantías, claro, para que no se eternicen los casos y no se envenene la política y se erosione la democracia.
Mientras una nube pestilente nos deja sin respiración y merma la confianza ciudadana en los partidos, el Gobierno lanza un paquete de medidas para fomentar el emprendimiento de jóvenes autónomos. La iniciativa, inspirada mayormente en las propuestas de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), tiene buenas intenciones, pero necesita una urgente ampliación. Los emprendedores autónomos no tienen edad. La mayor parte de los despidos en España afectan a mayores de 45 años y las pocas salidas de futuro para el afectado pasan por crear su propio puesto de trabajo; requieren tantas ayudas o más que los jóvenes. Sobre todo, porque pueden ser los padres que sustentan a los jóvenes en casa. Rajoy se hizo la foto en La Moncloa al presentar el Plan de Empleo Juvenil. El presidente debe afrontar la necesidad de actualizar la lista de interlocutores del diálogo social para reflejar la verdadera realidad social y empresarial de España.