Satisfacción porque la lucha ha dado sus frutos, y tristeza porque, a pesar de las sanciones que se han impuesto, la corrupción en el sector continúa instaurada como el primer día”. Desde su pequeño establecimiento en Tarragona, Manuel Molina, podólogo y ortopeda, resume su sentir ante las multas –de 26.000 y 45.000 euros, respectivamente– impuestas por la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) a Ortopedia Ceorma y Ortopedia Caravaca. Una resolución dictada el pasado diciembre viene a dar la razón al veterano ortopeda, que, desde hace más de treinta años –erre que erre y ante todas las instancias sanitarias–, ha venido denunciando que cuatro hospitales de Tarragona –el Joan XXIII, el Sant Pau y Santa Tecla, el Pius de Valls y el Sant Joan de Reus– habrían desviado a la gran mayoría de sus pacientes a tres ortopedias de la ciudad –las dos anteriormente citadas y una tercera, Ortopedia Creus, que en la investigación de la Acco quedó finalmente libre de sospecha– y “quitando el negocio” al resto de los establecimientos de la provincia, un total de 81, de los cuales 16 tienen licencia para hacer trabajos a medida. “He sobrevivido porque afortunadamente, además de ortopeda, soy podólogo, y por eso, después de 42 años, sigo estando aquí”, señala.
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