Hay que reconocer que los primeros gobiernos del Partido Socialista, con Felipe González a la cabeza, fueron un poco rácanos con las víctimas del terrorismo. Se indemnizaba poco y mal, quizás con el susto encima de la cantidad de actividad etarra que había por aquellos años. Y es justo reconocer que fue el Partido Popular el que se encargó de aumentar y mejorar el apoyo a quienes habían sufrido el zarpazo de la violencia. Vaya por delante que la inmensa mayoría de las víctimas han hecho un uso moral y legítimo de las ayudas; pero en este país, donde aparece el dinero, brotan las ganas de quedarse con él.
Contamos esta semana cómo un guardia civil ha inscrito una nueva asociación de víctimas utilizando para ello una lista de personas, todas octogenarias, que no solo no han dado su consentimiento, sino que ni siquiera habían tenido noticia de que estaban en esa nueva organización hasta que recibieron la llamada de esta revista. El interés está claro: ya han conseguido 45.000 euros en subvenciones usando el dolor de esas víctimas y sus nombres. El Gobierno cuida con especial sensibilidad a las víctimas, y me parece bien, pero auditar a las asociaciones no tiene por qué ser un agravio ni un gesto de desconfianza. Simplemente, que en todos los sitios cuecen habas, y es mejor seguir apoyando a quien se lo merece, solo al que se lo merece. En un país, España, donde la picardía es una profesión, es muy extraño que un ámbito, por muy serio que sea, se libre de estos habilidosos. Más control no significa menos respeto.
Los habituales lectores de interviú habrán notado esta semana un cambio en el formato. La revista adapta su tamaño al de otras publicaciones de Grupo Zeta, con el fin de optimizar los trabajos de producción sin que se modifiquen la esencia de la revista, la calidad y la voluntad de estar en primera línea informativa.
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