“PARA SALVAGUARDAR los beneficios y continuar optando a gran parte de la tarta del dinero público (194.000 millones de euros en 2014, un 18 por ciento del PIB español), las eléctricas también tienen que invertir en material humano. No buscan profesionales, ingenieros ni especialistas en sus sectores de negocios. Buscan contactos, gente capaz de llamar a la puerta y ser recibido en los más importantes despachos”. En El club de las puertas giratorias (La Esfera de los Libros) el periodista Luis Miguel Montero (en la foto), que trabaja en la sección de Documentación del Grupo Zeta, vierte un caudal informativo con el objetivo de dibujar un panorama de influencias retroalimentadas que comprende empresas estratégicas, decisiones políticas y personajes influyentes, y que afecta al ciudadano: “En ocasiones estos elegidos por las multinacionales terminan trabajando en los sectores en cuya regulación influyeron decisivamente cuando legislaban. Es lo que se conoce como puertas giratorias”.
Por las páginas de este libro desfilan los expresidentes González, Aznar y Rodríguez Zapatero, y también políticos como Narcís Serra, Eduardo Zaplana, Federico Trillo, Miguel Arias Cañete, Elena Salgado o Rodrigo Rato, en un carrusel de situaciones y decisiones que les han resultado beneficiosas y de las que han obtenido ventajas solo a su alcance. Y con escasos mecanismos de control tanto para estos casos como para la poderosa influencia de los lobbies económicos.
Medidas como el rescate de las deficitarias cajas de ahorros con dinero público, la dura reforma laboral, los recortes sanitarios y la subida de las tasas universitarias han castigado a una población que asiste a este espectáculo con sensaciones que oscilan entre la preocupación y la indignación.
Los últimos escándalos financieros vinculados a este concepto de puertas giratorias, singularmente el caso de Rodrigo Rato, acusado de delitos fiscales, así como la investigada financiación de los partidos políticos han configurado un ambiente de desconfianza. Los enchufes, asesorías, nombramientos por parentesco y prebendas de las que gozan ciertas élites no contribuyen a rebajarla. La Ley de Transparencia aprobada en 2014 pretende mejorar ese estado de cosas. Pero el autor no puede evitar una visión más bien pesimista sobre todos estos asuntos.