Una placa antecede a otra placa. En una columna a la entrada del ayuntamiento de Rentería (Guipúzcoa) una chapa de acero muestra grabada, “en contra de la voluntad democrática expresada por esta Corporación”, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Vasco de 2014 que declara “la obligación del Ayuntamiento de Errentería de colocar la bandera de España de forma permanente en el exterior del edificio consistorial”. Ya dentro, junto a la puerta del salón de plenos, hay dos placas más. Una recuerda a la última corporación republicana y a los funcionarios municipales represaliados por el franquismo. La otra, rinde homenaje a los concejales del PP José Luis Caso y Manuel Zamarraño y al policía local Vicente Gajate, “víctimas mortales de la violencia de ETA”.
Fue descubierta el pasado 28 de junio por Julen Mendoza, alcalde de Bildu, en un acto histórico que contó con el apoyo unánime del resto de los grupos municipales –PSE-EE, Errenteria Irabaziz y PNV–, y al que asistieron Juani, la viuda de Caso, y Naiara, la hija de Zamarreño, entre otros familiares de víctimas. No acudió Puri, la viuda de Gajate, “porque no quería recordar la imagen del féretro de su marido en aquel salón”, según un concejal que pide guardar el anonimato. Pero sí envió unas palabras de agradecimiento que leyó el edil bildutarra.
“Y allí estaba la bandera de España que defendían mis compañeros, tirada como un trapo en el suelo del balcón de la sala capitular mientras los homenajeaban. Eso sí, en el exterior del edificio, como manda la ley”, ironiza Chema Herzog, exconcejal del PP y uno de los urdidores del proceso de reconciliación vecinal que vive esta localidad guipuzcoana. “Más allá del detalle de la bandera, creo que todos tenemos que procesar la reconciliación, no volver al ‘y tú más’. Julen Mendoza ha sido valiente y sincero al presidir el acto”, dice Herzog. Su apuesta por la reconciliación empezó con su apoyo a un ciclo de cine —Eraikiz/ Construyendo— promovido por el ayuntamiento bildutarra en 2013 y que contó con la anuencia del resto de los partidos. También colaboró en el libro Hacia una memoria compartida, editado por el consistorio y en el que se detallan las 28 muertes violentas ocurridas en el municipio desde 1977 (ver recuadro).
Herzog, muy criticado en su día por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, sigue contando con el apoyo de su partido, sin concejales en esta legislatura. Recuerda este veterinario, funcionario autonómico, que “solía almorzar dos veces por semana en Andoain con López de Lacalle y Joseba Pagazaurtundúa. Hasta que los mataron. He perdido a siete amigos y a mi primo Fernando Múgica en estos años, pero hay que mirar al futuro. Eso no lo entienden muchos que siguen viviendo del negocio del odio”. Lo ejemplifica tomándose un café en un bar frecuentado por la izquierda abertzale, junto a un cartel con las caras de los etarras de Rentería que siguen en prisión. Allí, como en otros locales, se venden papeletas para la rifa semanal de apoyo a los presos. El premio es una “mariskada”.
Acusados de terrorismo
En Landare, antigua herriko taberna, están Marisa y Josema. Acaban de llegar de mantener un vis a vis con su hijo Endika en la cárcel de Pamplona. Es uno de los cuatro jóvenes, uno de ellos menor, que participaron en una manifestación en Pamplona el 11 de marzo y que derivó en una serie de altercados callejeros —kale borroka— por los que fueron detenidos y enviados posteriormente a prisión. Están acusados de un supuesto delito de terrorismo. El pasado domingo 2 de julio, y el sábado 22, muchos vecinos de Rentería se echaron a la calle para exigir su liberación. Todos los grupos del ayuntamiento, a excepción del PSE, han suscrito un manifiesto de apoyo a las familias. En el escrito rechazan los hechos violentos acontecidos en Pamplona, pero se pide que no los califiquen como “actos terroristas”, al tiempo que solicitan que la causa sea devuelta a un juzgado ordinario y se les conceda la libertad provisional. Aunque sea a título personal, es significativo que dos exalcaldes del PSE-EE, cuya casa del pueblo fue incendiada en veintisiete ocasiones en las últimas décadas, hayan firmado el manifiesto.
“Nos tranquiliza que están bien y que no se los han llevado a Madrid. Pero va a ser lento. Si en lugar de en Pamplona los altercados hubieran sido en Cádiz nunca los habrían calificado como terrorismo. Esto no ayuda a la convivencia pacífica que todos deseamos”, dicen los padres de Endika.
Al otro lado de la barra del Landare, Igor asegura que a él le interesan “más que las placas, los hechos. Se ha llegado tarde por los dos lados”. Habla de la comisión para la verdad y la reconciliación de Sudáfrica como un referente, y asegura que “esto del perdón es muy etéreo. ¿Alguien ha pedido perdón por lo de Franco?”. También ve bien que haya gestos como los del homenaje a las vícitmas, “pero queda mucho por hacer, tanto en lo social como en cuestiones como la de los presos”. Y cita el caso de Aitzol Gogorza, un etarra natural de Rentería condenado en 2005 a 20 años de prisión por tentativa de homicidio y tenencia de armas, “gravemente enfermo por trastornos depresivos, al que niegan la salida de prisión para que reciba un tratamiento adecuado”. Una petición que también apoyan los grupos municipales, a excepción del PSE-EE. | Sigue leyendo.